Embargo e inhabilitación provisoria para conducir – Elevación del monto del embargo – Inhabilitación: Medida precautoria, prudente y proporcional con las conductas por las cuales el imputado fuera procesado

Nacional \ Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional
Fecha resolución: 06 - Oct - 2020

“(…) Arriban las presentes actuaciones a conocimiento de la Sala en virtud de los recursos de apelación interpuestos por la querella, contra la resolución que dispuso trabar embargo sobre los bienes de S. G. Di Pietro hasta cubrir la suma de veinte millones de pesos ($20.000.000), por considerar la cifra exigua, y por la defensa, contra la inhabilitación provisoria de Di Pietro para conducir automotores por el plazo de un año (art. 311 del C.P.P.N.).

En razón de la declaración de emergencia sanitaria dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional a partir del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/2020, y de lo resuelto por el acuerdo de Superintendencia de esta Cámara el pasado 16 de marzo, se suplió la audiencia prevista en el artículo 454 del Código Procesal Penal de la Nación con los memoriales escritos presentados por las partes interesadas.

Luego de la pertinente deliberación, el Tribunal se encuentra en condiciones de resolver.

Y CONSIDERANDO:

I. En cuanto a la cifra fijada en concepto de embargo, y a la luz de las cuestiones planteadas por la querella en sus presentaciones, estimamos atendible su reclamo (teniendo en consideración, principalmente, los tiempos que lleva un proceso civil y las fluctuaciones del valor de la moneda nacional) y, en ese sentido, cabe adelantar que el monto habrá de ser elevado a la suma de treinta millones de pesos ($30.000.000).

Más allá de los rubros contemplados en los arts. 518 y 533 del compendio ritual (entre ellos, los honorarios de los abogados y peritos, y demás gastos del proceso), en el caso que nos ocupa corresponde detenerse particularmente en los montos que pueden derivar del reclamo civil (daños y perjuicios), en cuyo marco deberán ponderarse, a los fines de determinar una indemnización ajustada al sub examine, el daño moral y psicológico de los familiares de la víctima, así como también las consecuencias derivadas de la pérdida de esa vida en el orden patrimonial.

Sobre este último aspecto, se tiene presente cuanto se ha sostenido en torno a que “… La pérdida de la vida humana no puede indemnizarse como daño patrimonial sino cuando y en la medida que represente un detrimento de esa clase para quien reclama la reparación… La supresión de una vida, además de las consecuencias de índole afectiva, ocasiona otras de orden patrimonial y lo que se mide con signos económicos son las consecuencias que sobre los patrimonios acarrea la brusca interrupción de una actividad creadora, productora de bienes… Por ello, la indemnización del daño patrimonial causado por la muerte de una hija debe ser indemnizada conforme la determinación del daño resarcible que realiza el art. 1745 del CC y C, que expresamente alude a la pérdida de chance de ayuda futura como consecuencia patrimonial de la muerte de los hijos”.

También debe estimarse, en cuanto a las consecuencias no patrimoniales, que “… no se trata de compensar dolor con dinero, sino de otorgar a los damnificados cierta tranquilidad de espíritu en algunos aspectos materiales de su vida con el objeto de mitigar sus padecimientos” (cfr. causa N° 90.958/2011, “A., E. S. y otros c/ Q., A. H. y otros s/ daños y perjuicios”, rta. 22/6/2017, de la Sala “M” de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil).

A partir de estos parámetros, y de la situación concreta del caso, se estima que corresponde elevar la cifra regulada, como ya se mencionó, a treinta millones de pesos ($30.000.000).

II. Ahora bien, en lo que respecta a la inhabilitación provisoria dispuesta por el a quo, amerita señalar que el artículo 311 bis del Código Procesal Penal de la Nación no establece una pena anticipada, sino la posibilidad de aplicar una medida precautoria que, como el embargo o la prisión preventiva, restringe anticipadamente derechos reconocidos pero que pueden ser limitados en virtud de un interés superior. Se trata de una prudente y razonable restricción para quien, en principio, ha sido negligente en el uso de un automotor.

En la especie, se concluye que la inhabilitación provisoria dispuesta guarda adecuada proporción con las conductas por las cuales Di Pietro fue procesado (al ser considerado prima facie autor penalmente responsable del delito de homicidio culposo por la conducción imprudente de un vehículo motor, encontrándose al momento del hecho con un nivel de alcoholemia superior a 1 gramo por litro de sangre, en concurso real con el delito de violación de cuarentena en tiempos de epidemia, todo ello en calidad de autor), conforme lo argumentado por el a quo en el auto de mérito dictado y las circunstancias fácticas allí descriptas. Es por ello que la cuestión aquí traída a examen merece convalidación. (…)”  

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