Internación: Mantenimiento – Creciente gravedad de la conducta del menor – Numerosos sucesos con características violentas por el uso de armas de fuego y sus consecuencias - Situación que requiere inmediata y real efectivización de la protección integral

Nacional \ Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional
Fecha resolución: 02 - Oct - 2020

“(…)  Le corresponde intervenir a esta Sala con motivo de la concesión de los recursos de apelación deducidos por el Defensor Público Coadyuvante de la Defensoría General de la Nación, integrante de la Unidad Funcional de Personas Menores de 16 años, Dr. Pablo Glanc, contra la decisión que dispuso mantener la internación de D. L. M. por el término de diez días para revisar los avances y evolución de su situación –pospuesto con fecha 2 de septiembre hasta tanto se reciba el informe del Cuerpo Médico Forense oportunamente solicitado–. Asimismo, el asistente técnico impugnó la orden de trasladar a M. del CAD - Inchausti al centro de régimen cerrado que corresponda.

Presentados los memoriales, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General de esta Cámara, dictado el 16 de marzo pasado, la cuestión traída a conocimiento se encuentra en condiciones de ser resuelta.

Y CONSIDERANDO:                     

I. En la decisión adoptada el día de la fecha por la titular del Juzgado Nacional de Menores N° 3 dejó sin efecto el traslado de D. L. M. a otro centro de régimen cerrado que fuera oportunamente ordenado. Atento ello, el recurso articulado contra la decisión originaria debe declararse abstracto.

II. El presente caso no puede analizarse sin tomar especialmente en cuenta la creciente gravedad de la conducta de D. L. M., sobre la que han manifestado profunda preocupación su padre y hermano, en razón de los riesgos ciertos y concretos implicados para la vida y la integridad física del propio niño y de su prójimo. Así es preciso recordar que el joven se ha visto involucrado en numerosos sucesos ilícitos con características especialmente violentas por el uso de armas de fuego y sus consecuencias, en particular los seis cometidos en el corto tiempo que va del 10 de julio al 10 de agosto pasados, con damnificados gravemente heridos y uno de ellos fallecido. En este sentido, el nombrado ha sido sobreseído en las presentes actuaciones por no resultar punible, respecto de los siguientes sucesos:

- Hecho N° 1: El 8 de julio de 2020 a las 17.06 horas, en la intersección de las calles .…… e ………, de esta ciudad, D. L. M., M. R. P. y L. A. M. sustrajeron mediante intimidación y el uso de un arma de fuego calibre 9 mm cargada y apta para producir disparos, que portaban por la vía pública en condiciones de inmediato uso y sin la debida autorización legal, el rodado y las pertenencias de G. D. R. y C. A. T.. Para ello abordaron a las víctimas cuando estaban próximas a subirse al vehículo propiedad de R. –marca VW Vento, dominio ……….–, siendo que P. se posicionó frente a T. y luego de revisarlo le sustrajo quinientos pesos y su celular. Por su lado R. echó a correr, pero fue perseguido por D. M., quien extrajo el arma de fuego calibre 9mm de su campera y luego de dispararle por la espalda –lesionándolo de gravedad a la altura de los glúteos y provocando fractura de fémur– lo desapoderó de las llaves del rodado, en tanto L. M. corría detrás suyo en función de apoyo. Finalmente los tres se dieron a la fuga a bordo del vehículo de R..

- Hecho N° 2: El 10 de julio de 2020 a las 16.30, en la calle ……….. al ……., de este medio, D. L. M., L. A. M., J. J. P. y un sujeto no identificado, sustrajeron mediante intimidación y el uso de un arma de fuego, cargada y apta para producir disparos, que portaban por la vía pública en condiciones de inmediato uso y sin la debida autorización legal, el rodado y las pertenencias de N. A. B., quien instantes antes había estacionado su vehículo marca “BMW X1” blanco, dominio …….. en la dirección aludida. A ese fin, y luego de descender de un Ford Fiesta color bordó, se acercaron a la víctima y mientras D. M. lo apuntaba con el arma de fuego los demás le revisaban los bolsillos de sus prendas, desapoderándolo de su billetera con documentación a su nombre, dos mil pesos, un celular asociado a la línea …….., las llaves de su domicilio y las de su rodado; ordenándole éste que se tire al piso para luego fugar algunos en el vehículo Ford Fiesta y otros en el rodado de B., dentro del cual se encontraban las llaves de un automóvil “Citroen Berlingo”, las de un “Ford Mondeo”, y documentación a su nombre. Aproximadamente cinco horas después, el vehículo fue hallado en el interior de la Villa ………..

- Hecho N° 3: El 4 de agosto de 2020 a las 05:50 horas, en la intersección de ………. y ………, CABA, M. R. P., D. L. M. y otros dos sujetos masculinos, descendieron de un automóvil Volkswagen Polo, dominio ……… color gris –que había sido sustraído el día anterior en la localidad de ……., provincia de Buenos Aires–, y abordaron al Prefecto Roberto Guillermo Seguel (quien vestía de civil) con el fin de sustraerle sus pertenencias. Para ello utilizaron un arma de fuego calibre 9mm cargada y apta para producir disparos, que portaban por la vía pública desde antes de arribar al lugar de marras, en condiciones de inmediato uso y sin la debida autorización legal. Dada la resistencia de Seguel comenzaron a forcejear con él, y al notar accidentalmente que pertenecía a una fuerza de seguridad, uno de ellos manifestó “a este matalo que es policía”. Ante ello, M. se acomodó para dispararle, por lo que el damnificado, que se hallaba en el suelo, posiblemente para ofrecer menos blanco o proteger su región vital, se encogió, colocando sus piernas sobre el pecho, al tiempo que suplicaba “no me mates”. Pese a ello, el atacante, desde corta distancia (aproximadamente un metro), con la clara intención de darle muerte le efectuó un disparo, que impactó en la pierna izquierda con la que cubría su torso. Finalmente los autores huyeron con el teléfono celular del prefecto y su arma reglamentaria (Pietro Beretta 9mm., n° 05-N-19641 Z) a bordo del vehículo en el que habían arribado, el cual fue hallado horas más tarde en el interior de la denominada Villa ……….

- Hecho N° 4: El 10 de agosto de 2020 a las 18.00hs., en la calle …….. al ……., de esta ciudad, D. L. M. junto a dos sujetos no identificados, habrían sustraído mediante intimidación y el uso de un arma de fuego calibre 9 mm –que portaban por la vía pública desde antes de arribar al lugar, en condiciones de inmediato uso y sin la debida autorización legal– la billetera y el rodado marca Honda CR-V gris, dominio ……. a A. R.. Para ello, cuando el nombrado descendía de su camioneta, fue abordado por M. y sus consortes y tras exigirle sus pertenencias y efectuar un disparo intimidatorio con el arma de fuego calibre 9 mm, se hicieron de su billetera y huyeron a bordo de su vehículo.

- Hecho N° 5: Ese mismo día -10/8/20- a las 21 aproximadamente, luego de arribar a la calle ………… al …….. a bordo del vehículo del Sr. R., M., junto a dos o tres jóvenes habrían detenido el rodado frente a la puerta del kiosco ubicado en ………… CABA, siendo que uno de ellos ingresó al local y habría amenazado a R. M. P. Y. con un arma de fuego cargada y apta para producir disparos –que portaban por la vía pública desde antes de arribar al lugar, en condiciones de inmediato uso y sin la debida autorización legal–, sustrayéndole un recipiente de plástico con algunos billetes, monedas, un saca corcho, una pinza de depilar y un esmalte de uñas, que estaba arriba del mostrador.

- Hecho N° 6: Mientras esto sucedía y a pocos metros del kiosco, frente a la altura ……. de la calle ………, M. y en principio otro de sus compañeros, habrían abordado a F. E. F. para sustraerle sus pertenencias utilizando un arma de fuego calibre 9 mm –que portaban por la vía pública desde antes de arribar al lugar, en condiciones de inmediato uso y sin la debida autorización legal–. Para consumar y asegurar el resultado del apoderamiento y con la clara intención de darle muerte, le efectuaron un disparo a corta distancia en el pecho que le perforó el pulmón derecho, y le sustrajeron el celular IPhone 6, abonado n° ………. huyendo todos los agresores –de F. y P. Y.- a bordo del vehículo en el que arribaron, aparentemente conducido por otro de los sujetos que aguardaba en el lugar en apoyo de sus consortes, por la calle ……… en dirección hacia ………... F. E. F. fue trasladado al Hospital ………., en donde permaneció internado en grave estado de salud hasta el 20 de agosto de 2020, fecha en que falleció. La camioneta marca Honda CR-V del Sr. R. fue hallada unas horas después del hecho padecido por F. en la intersección de la Avenida ………. y ………., con los objetos sustraídos a R. M. P. Y. en su interior.

Asimismo, M. ha sido desvinculado definitivamente en razón de su edad en otros procesos que se le siguieran, entre los que pueden citarse la causa N° ……….  del Juzgado Nacional de Menores N° 3, Secretaria N° 7, en relación a un episodio ocurrido el 22 de mayo de 2020, constitutivo en principio del delito de robo en poblado y banda; la causa N° ………. del Juzgado Nacional de Menores N° 7, Secretaria N° 19, en orden a un hecho que hallaría adecuación en el tipo penal de robo agravado por la utilización de un arma de fuego y en lugar poblado y en banda; el expediente N° ……….. del Juzgado Nacional de Menores N° 3, Secretaria N° 7, relacionado con un suceso acaecido el 27/12/2019 en el que se hallaron en el interior del rodado estacionado en el interior del supermercado C. diversas armas de fuego que habría portado; el sumario N° …….. del Juzgado Nacional de Menores N° 7, Secretaria N° 19, ocurrido el 24 de abril de 2018 por robo.

Ante esta especial y delicada situación, que requiere inmediata y real efectivización de la protección integral del niño (artículo 1° de la Ley 26.601), tampoco puede desatenderse la evidente insuficiencia de las acciones llevadas a cabo en el pasado para alejarlo de los constantes riesgos en los que se coloca. Se asume que tales medidas habrían sido dispuestas en el curso de anteriores contingencias análogas de ingreso y posterior salida del CAD en similares condiciones a las que ahora se pretenden, sin advertirse una reelaboración de D. L. M. en relación al posicionamiento hacia las conductas en las que se ha visto inmerso. Está fuera de discusión que tales intervenciones no lograron modificar el rumbo de sus acciones, que han verificado un deterioro en la atención de su protección integral y un riesgo cada vez mayor a su propia vida e integridad física, por lo que es imperioso garantizar con particulares esfuerzos sus derechos para que sea capaz de desarrollarse plenamente en miras a los compromisos asumidos por la República Argentina en el artículo 75, inciso 23, de la Constitución Nacional y en el artículo 6 de la Convención sobre los Derechos del Niño (Ley 23.849).

Frente a ello, la Ley 22.278 debe entenderse “como parte de una estructura sistemática” de protección integral, como lo reclama la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente citado por el recurrente, que complementa al resto de la legislación especial relativa a la protección integral de los niños. Así, en miras siempre a su interés superior, no debe predicarse que la normativa actual obtura, en todos los casos y sin atender a la situación particular de causante, la imposición de una medida como la cuestionada a una persona menor de dieciséis años sospechada de haber cometido graves delitos y cuyos derechos no han recibido debida protección por otros medios, especialmente en el tiempo inmediato posterior a la verificación de los hechos que motivan la intervención de esta jurisdicción y hasta tanto se encuentren al menos mínimamente garantizadas y encausadas las medidas en pos de su amparo. Resulta evidente que se trata de decisiones excepcionales y acotadas en el tiempo, coadyuvantes de las previstas en la Ley 26.601 y encaminadas en todos los casos a la pronta sola subsistencia de las que se dispongan en el marco del sistema establecido en dicha norma en la medida que se presenten como eficaces, lo que no ha ocurrido de momento en el particular caso de D. L. M.. Por ello, es necesario aprovechar el buen rumbo que parece haber tomado su situación en los últimos días para elaborar estrategias distintas que le brinden una oportunidad exitosa de superar el entrampamiento en variables nocivas para su futuro en el que se encuentra sumido.

En consecuencia, si bien debe propiciarse el retorno al hogar en condiciones semejantes a las dispuestas en relación al joven J. J. P. en esta misma causa, de manera de asegurar la continuidad en el reaseguro y garantía de su protección integral, se advierte que no existe un plan exhaustivo suficientemente consolidado para su tratamiento en un ámbito distinto al viene transitando.

Debe tenerse en cuenta que si bien se ha trabajado con los padres la posibilidad de que su hijo regrese al seno familiar, aquellos habían solicitado el auxilio de la justicia manifestado apenas dos semanas atrás el agotamiento de sus recursos para enfrentar las problemáticas actuales y habían considerado que incluso debían reforzarse las medidas tuitivas porque el joven no había sido capaz de reflexionar sobre sus actos y el grave peligro en el que se coloca reiteradamente.

Esta situación comenzó a mostrar cambios positivos durante su estadía en el CAD, no obstante, frente al fracaso de otros intentos previos, es preciso repensar el caso a fin de establecer y poner efectivamente en marcha una estrategia individual que le permita volver al seno de su familia con visos razonables de una recuperación de hábitos que lo alejen de los riesgos implicados en los gravísimos actos en los que se ha visto involucrado, teniendo especialmente en cuenta la perspectiva más alentadora que en los últimos días han manifestado sus familiares acerca de su capacidad de brindar la contención necesaria.

El diseño de esta planificación personal que ha comenzado a delinearse, debe concretarse con urgencia y en un plazo acotado, a la luz de los datos que puedan incorporarse mediante informes en los que se especifiquen todas las medidas realizadas como consecuencia de los anteriores episodios en los que se viera involucrado el niño –dado que, como hemos dicho, constan ingresos previos al CAD, con posteriores egresos en similares condiciones– y las razones por las que no han prosperado en sus objetivos, así como el resultado de las medidas que la jueza de la anterior instancia hubiera de disponer en razón de lo sugerido en ese sentido por el cuerpo  médico forense.

En ese mismo sentido, deberían recabarse las constancias que pudieran existir a su respecto en la Prosecretaría de Intervenciones Sociojurídicas de este Tribunal, en los juzgados civiles que puedan haber conocido de su situación, en la Base General de Datos de Niños, Niñas, Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, así como, por intermedio del Consejo de los Niños, Niñas y Adolescentes, de las actuaciones relativas a la anterior intervención del sistema de Defensorías Zonales y del Programa de Derechos y Alianzas Territoriales.

A su vez, resulta necesario disponer que se garantice el efectivo acceso desde el momento mismo en que pueda volver a su domicilio a un espacio de abordaje psicoterapéutico que continúe el iniciado en el CAD, con un seguimiento individualizado de su situación a cargo de un profesional en psicología para que facilite su vinculación con una intervención de la especialidad que contribuya a su salud mental y al sostenimiento de las estrategias para superar los factores que se oponen al proceso de cambio positivo que necesariamente debe desarrollar, al tiempo que evalúe la necesidad de otras derivaciones que requiera el niño.

Además, tal como se han sugerido, luce necesaria la actuación de la Defensoría Zonal del domicilio del niño y del Programa “Derechos y Alianzas Territoriales” para acompañar y auxiliar a la familia a los efectos de que pueda sostener y conducir los progresos de M., a la par de la continuidad de la participación activa del Consejo de Niñas, Niños y Adolescentes, a lo que debe sumarse la intervención del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que se atienda sus necesidades socioeconómicas que han entorpecido hasta ahora el alcance de tales objetivos. De todo ello, deberán labrarse informes semanales que den cuenta de las medidas concretas adoptadas y los avances que se puedan verificar.

Ahora bien, en atención a los agravios del recurrente y la nueva decisión adoptada por la jueza de grado en el presente, en pos de limitar temporalmente con mayor precisión la medida, manteniéndose la evaluación encarada en el ámbito del CAD (artículo 1°, segundo párrafo, de la Ley 22.278), aunque estableciendo que no podrá extenderse tal abordaje más allá de los cinco días de dictado este fallo, plazo que sólo podría ser prorrogado si resulta absolutamente indispensable para concluir los exámenes y planificaciones ordenados y en caso de que ello surgiera de una petición fundada en ese sentido por parte de los profesionales y especialistas a cargo de aquellas labores, cuya razonabilidad y pertinencia, de todas maneras, deberá ser evaluada por la jueza a quo, siempre con vista urgente previa a la defensa.

Para finalizar, deberá la Juez librar oficio a efectos de poner en conocimiento de lo actuado a la Defensoría de Menores e Incapaces que corresponda, con copia de la presente resolución, a los fines que estime corresponder en razón de las atribuciones del artículo 43 de la Ley del Ministerio Público de la Defensa (Ley 27.149). (…)”

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