ROBO DOBLEMENTE AGRAVADO POR HABERSE COMETIDO MEDIANTE UTILIZACIÓN DE ARMAS Y MERCADERÍA EN TRÁNSITO – DELITO CONSUMADO – AGOTAMIENTO DE LA ETAPA DE CONSUMACIÓN – APROPIACIÓN DEL RODADO – APLICACIÓN ART. 11, INC. B, LEY 24.660 (SEGÚN LEY 27.735)

Nacional \ Cámara Nacional de Casación Penal de la Capital Federal
Fecha resolución: 25 - Sep - 2020

Resulta inatendible el agravio mediante el cual la defensa cuestionó la atribución a los imputados del delito de robo doblemente agravado por haberse cometido mediante la utilización de armas y por tratarse de mercadería en tránsito, pues el recurrente sostiene que la conducta reprochada lo fue en grado de conato debido a que los autores no concretaron la finalidad del plan criminal. De las circunstancias fácticas del suceso analizado y de las características del hecho mal habido, es evidente que los autores contaron con la posibilidad material de disposición de la camioneta de la víctima y de las mercaderías que se hallaban en su interior, es decir, que el logro del fin propuesto excedió la etapa de consumación, y se corresponde con la última de las etapas, o sea, a su “agotamiento”, que está más allá del proceso ejecutivo del delito en sí. La posterior intervención policial y la consecuente recuperación de los bienes de la víctima no puede surtir el efecto de retrotraer a la etapa de la tentativa un ilícito que ya había quedado consumado, pues transcurrido el primer momento en que los imputados tuvieron la posibilidad física de disponer de la camioneta y de las mercaderías que se encontraban en su interior, el delito quedó irrevocablemente consumado, aun cuando no hayan podido concretar el propósito final dada la pronta actuación de las fuerzas de seguridad (voto del juez Días al que adhirió el juez Morin)

 

Corresponde descartar el planteo dirigido a cuestionar la concurrencia del elemento subjetivo del tipo penal respecto de la apropiación de la camioneta de las víctimas, con fundamento en que el objetivo de los imputados era la apropiación de las mercaderías que se transportaba en aquella,  objetivo que no lograron debido la intervención del personal policial. Al respecto,  cabe descartar la necesidad de la exigencia de animus rem sibi habendi para la configuración del delito de hurto, es decir, el elemento subjetivo del “apoderamiento” definitorio del hurto no requiere del ánimo de apropiarse de la cosa. Asimismo, el hecho de que los imputados no hayan tenido la intención de “apropiarse” de la camioneta de la víctima no quita que se haya configurado el tipo penal, pues basta con que hayan tenido la intención de apoderarse, como efectivamente hicieron, al contar con la posibilidad fáctica de disponer de la camioneta de la víctima y de las mercaderías transportadas (voto del juez Días al que adhirió el juez Morin)

Cita del plenario “Schneider” de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, 1957

 

No cabe atender el agravio defensista que sostuvo que entre el delito de robo y el de privación ilegítima de la libertad reprochados medió un concurso aparente de leyes. Es que tras el examen de la sentencia impugnada y el remedio articulado, se observa que el impugnante reiteró el planto efectuado en sus alegatos, sin rebatir los fundamentos que llevaron al a quo a descartar la existencia de tal supuesto. Asimismo, de acuerdo con la plataforma fáctica que se tuvo por acreditada es evidente que, en el caso, la privación de la libertad excedió la violencia tipificante del delito de robo, extendiéndose, temporal y espacialmente, más allá del momento del desapoderamiento de los bienes de la víctimas y de su apoderamiento por parte de los autores, llegando a independizarse de ese ejercicio. En definitiva, toda vez que la  privación ilegítima de la libertad trascendió el concreto hecho contra la propiedad, tanto en lo que tiene que ver con el tiempo como el espacio, resulta acertada la solución adoptada en la instancia anterior al establecer el concurso real de hechos (voto del juez Días al que adhirió el juez Morin)

 

De acuerdo con la regla general del art. 432 CPPN “las resoluciones judiciales serán recurribles sólo por los medios y en los casos expresamente establecidos por la ley”; y “el derecho de recurrir corresponderá tan sólo a quien le sea expresamente acordado, siempre que tuviere un interés directo”. Así, el primer párrafo establece un sistema de taxatividad de los recursos, y el segundo, como requisito común a cualquiera de ellos, que quien promueve la impugnación tenga un interés directo en la revocación, reforma o anulación de la decisión recurrida. Esa disposición alude al interés en superar o compensar el perjuicio o gravamen que causa la decisión a quien promueve la impugnación y no puede ser entendida en el sentido de reconocer que tiene interés directo aquél que sólo pretende controvertir el fundamento de una decisión que reputa jurídica o fácticamente errada aunque no le acarree un gravamen identificable. Entendidos los recursos como remedios a un perjuicio, el interés directo se corporiza en el gravamen que acarrea la decisión y no en la pura discrepancia con sus fundamentos. De allí se sigue que es requisito común de cualquier remedio o impugnación de los provistos por la ley, que la decisión de la que se pretende recurrir acarree un agravio actual al recurrente, y no meramente conjetural, porque sin agravio no hay recurso, pues los medios recursivos no son vías para esclarecer teóricamente el alcance de la ley y los presupuestos y condiciones de su aplicación, sino un remedio para un gravamen concreto (voto del juez Días al que adhirió el juez Morin)

 

No se demuestra –ni se advierte– que la decisión del a quo que dispuso hacer saber a la víctima lo dispuesto en el art. 11 bis de la ley de ejecución 24.660 (incorporado por el art. 7° de la ley 27.735), cuya aplicación la defensa pretende que se deje sin efecto cause un gravamen actual a los condenados. Es que la ausencia de agravio no sólo se evidencia en la falta de sustanciación en las actuaciones de cualquiera de los trámites referidos en la disposición, sino que, más palmariamente, en la falta de presentación de la víctima ante el tribunal a los efectos establecidos en la norma. Además, según las razones que llevaron a la defensa a plantear este agravio, sólo podrá sostenerse la existencia de un agravio actual tras la firmeza de la sentencia y, luego de ello, ya iniciada la correspondiente etapa de ejecución de la pena (fase final del procedimiento penal) cuando se configuren los requisitos exigidos por los distintos cuerpos normativos para acceder a las diferentes salidas anticipadas al medio libre que se contemplan para quienes están cumpliendo una pena privativa de la libertad; y sólo en el caso de que, luego de solicitarla, se confiera una vista del trámite a la víctima, que ésta se oponga al pedido y que esa negativa sea considerada por el juez para rechazar la petición de la defensa. Así el planteo formulado resulta sumamente conjetural (voto del juez Días al que adhirió el juez Morin)

 

Causa “Revelli, Maximiliano Oscar y otro s/ recurso de casación”, CNCCC 41529/2017/TO1/CNC1, Sala 2, Reg. 1605/2020, resuelta el 19 de junio de 2020”.-

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