HOMICIDIO AGRAVADO – RELACIÓN DE PAREJA – PLANTEO DE INCONSTITUCIONALIDAD - ALCANCE DEL TÉRMINO – DERECHO CIVIL – DERECHO PENAL – ABORTO SIN CONSENTIMIENTO DE LA MUJER – VIABILIDAD DEL FETO - BIEN JURÍDICO PROTEGIDO – DOLO – VALORACIÓN

Nacional \ Cámara Nacional de Casación Penal de la Capital Federal
Fecha resolución: 24 - Sep - 2020

“-Carece de asidero la alegación de incompatibilidad constitucional del delito de homicidio agravado por haber mediado una relación de pareja con sustento en que la disposición contiene un supuesto de hecho indeterminado que atenta contra el art. 18 CN, puesto que al aludir al término “relación de pareja”, la intención del legislador fue la construcción de un supuesto de agravamiento del homicidio en el marco de una actualización de las nuevas formas de vinculación social, y en la erradicación y juzgamiento de los hechos de violencia contra las mujeres. Esto significa que se acepta un grado razonable de inexactitud, pues la tarea legislativa y la codificación no pueden prescindir de la utilización de términos que tengan elementos valorativos y normativos. Se señala así que este grado de indeterminación, que no se desea pero se acepta parcialmente, no supone la pérdida de razonabilidad. En ese contexto, en la labor del juzgador, la remisión o el recurrir a otros conceptos –normativos o no-, a fin de completar y ajustar la hermenéutica al caso concreto no está vedada, sino que, por el contrario, se inscribe en el correcto ejercicio de su función, y la interpretación de la norma que se realizó se inscribió dentro de las pautas mencionadas  (voto del juez Huarte Petite al que adhirió el juez Jantus)

Cita de “Sanduay”, causa 8820/2014 del Tribunal Oral en lo Criminal n° 1, resuelta el 11 de agosto de 2015 y Reg. 686/2016, Sala 3, de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, resuelta el 6 de septiembre de 2016; y  Urquizo Olaechea, José, Principio de Determinación de la ley Penal en el libro Homenaje al Dr. Marino Barbero Santos in memoriam, pag. 1344, Ediciones de la Universidad de Castilla – La Mancha, Ediciones Universidad Salamanca, Cuenca, 2001)

 

-La figura de “uniones convivenciales”, introducida en el Código Civil y Comercial de la Nación (ley 26.994) tiene como objeto regular aquellas relaciones de pareja, cualquiera sea el género u orientación sexual de ambos integrantes, que no hayan formalizado su relación mediante el matrimonio, unión que origina derechos y obligaciones entre las personas que conviven. No obstante ello, las normas civiles relacionadas con las “uniones convivenciales” se contraponen sin lugar a dudas con lo establecido en el tipo penal del art. 80, inc. 1°, CP, en cuanto este último no incluye la exigencia de que la pareja hubiese compartido el mismo hogar, esto es, que se verificase una situación de “convivencia”. El fundamento del tipo legal calificado no reside así en la infracción de deberes propios de la aludida “convivencia” sino, de manera mucho más amplia, en el menosprecio al respeto que se deben mutualmente quienes hubiesen mantenido un vínculo afectivo suficiente para concluir en la conformación de una pareja, y busca prevenir las violencias que pueden originarse en el seno de una relación de tal clase (voto del juez Huarte Petite al que adhirió el juez Jantus).

Cita de “Sanduay”, causa 8820/2014 del Tribunal Oral en lo Criminal n° 1, resuelta el 11 de agosto de 2015 y Reg. 686/2016, Sala 3, de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, resuelta el 6 de septiembre de 2016

 

-Ninguno de los supuestos previstos en el art. 80, inc. 1° CP, constituye, por sí, un caso de femicidio (art. 80, inc. 11, CP), el que -en su caso- podrá concurrir con la figura mencionada en primer término. El agravante del inciso 1°, en tal orden de ideas, no corresponde a cuestiones de género sino de vínculo familiar o sentimental. Queda claro, así, que la aplicación de la calificante es independiente de la continuidad del vínculo, en tanto los deberes de respeto violados a través del delito, y el abuso de confianza que ello implica, son independientes de la vigencia de la relación de pareja (voto del juez Huarte Petite al que adhirió el juez Jantus)

 

-Corresponde rechazar el planteo de la defensa vinculado a la corta evolución del embarazo y a la acreditación del delito de aborto sin consentimiento de la mujer en un caso en que se atribuye al imputado el delito de homicidio doloso cometido en perjuicio de una mujer embarazada con quien se mantenía una relación de pareja del que derivó la muerte, en paralelo, del fruto de la concepción, pues la crítica formulada presenta medulares deficiencias frente a las particularidades del supuesto de autos, y a la argumentación del a quo, quien indicó que la protección penal de la vida humana comienza a partir de la concepción, postura que respaldó a través de la cita de normas de derecho internacional con jerarquía constitucional (art. 4.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención de los Derechos del Niño), y de los fundamentos vertidos en sentencias de la Corte Suprema (voto del juez Huarte Petite al que adhirió el juez Jantus)

 

-En modo alguno puede inferirse que en el precedente “Artavia Murillo” la Corte Interamericana hubiese tenido en mira fijar estándares conclusivos en orden a que,  una vez verificada la concepción en el seno materno (sea que ella se verifique luego de la implantación del embrión generado por el procedimiento de fecundación “in vitro -FIV”, o a través de una relación sexual), la protección al feto que eventualmente podría corresponderle con arreglo al art. 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dependiese de su grado de desarrollo intrauterino. Por el contrario, fue muy clara cuando concluyó en que la “concepción” en el sentido del art. 4.1 de la Convención “tiene lugar desde el momento en que el embrión generado por aquel procedimiento se implanta en el útero” (parágrafo 189, lo cual reiteró en el parágrafo 264). Ello  posibilita advertir sin mayor esfuerzo que la finalidad y el objeto de su pronunciamiento estuvo constituido por determinar el estatus jurídico del embrión generado por “FIV” (en cuanto merecedor de protección jurídica), con anterioridad a su implantación, y no después de ésta. Por cierto que la Corte agregó en el parágrafo 264, como precisó la defensa, que a partir de las palabras “en general” que contiene la norma, la protección del derecho a la vida que aquella consagra a partir de la concepción, no es absoluta, sino que “es gradual e incremental según su desarrollo”, pues son procedentes excepciones a dicha regla general. Empero, no hizo mención alguna a las condiciones de “viabilidad” del feto generado por la implantación una vez ocurrida ésta, ni mucho menos a un determinado lapso temporal alcanzado en su gestación y desarrollo, como una de aquellas situaciones fácticas que darían sustento, eventualmente, a una excepción a la regla general de protección a la vida a partir del momento de la concepción. Tampoco aludió a la viabilidad en los términos aquí empleados en relación al feto generado a partir de una relación sexual habitual y libre, como la que en el caso de autos derivó en el embarazo de la víctima (voto del juez Huarte Petite, al que adhirió el Juez Jantus).

Cita del fallo “Artavia Murillo”, Corte Interamericana de Derechos Humanos, resuelto el 28 de noviembre de 2012

 

-En “Roe vs. Wade” (410, U.S. 113), en el voto que encabezó la posición mayoritaria se hizo mención al interés estatal en la protección de la “vida potencial” del feto, pero se afirmó su prevalecencia frente a la decisión de la mujer gestante, únicamente a partir del momento en el que el feto adquiriese "viabilidad” intrauterina, que fue fijada en el término de tres meses a partir de la concepción, pues era sólo a partir de ese momento que, según se señaló “…el feto presumiblemente tenga la capacidad significativa de vivir fuera del cuerpo de la madre…”; por lo cual, en consecuencia, “…la regulación estatal destinada a proteger la vida del feto luego de la viabilidad tiene justificación biológica y lógica…” (voto del Juez Blackmun, en especial, apartados VIII y X). Tal doctrina fue reafirmada luego en el precedente “Planned Parenthood v. Casey” (505 U.S. 833). Aquí se aludió al holding del primero como “…un reconocimiento del derecho de la mujer a elegir abortar antes de la viabilidad y a realizarlo sin interferencias indebidas por parte del estado…”, ya que antes “…de la viabilidad, los intereses del estado no son lo suficientemente fuertes como para sustentar una prohibición del aborto o la imposición de un obstáculo sustancial al derecho de la mujer de efectivamente elegir el procedimiento…” (apartado I del voto conjunto de la Jueza O’Connor y de los Jueces Souter y Kennedy. Además, estos últimos insistieron en la relevancia del concepto de viabilidad intrauterina, al considerar que él constituye “…el momento en el cual existe una posibilidad realista de mantener … una vida fuera del útero, de modo que la existencia de la segunda vida puede justa y razonablemente ser el objeto de una protección estatal que desplace los derechos de la mujer…”. Sin embargo, el conflicto subyacente en esos dos precedentes, al igual que en “Artavia Murilo” resultaba sustancialmente distinto al del presente caso, pues en los fallos del citado país norteamericano se discurrió de manera exclusiva acerca de la posición prevalente que cabría otorgar a la decisión libre de la mujer de elegir abortar cuando todavía no podía concluirse en la viabilidad intrauterina del feto, esto es, antes de cumplirse el tercer mes de embarazo; tal posición prevalente se otorgaba frente a los intereses estatales en la protección del feto en el transcurso de dicho lapso de tiempo. En el caso de autos, en modo alguno podemos hablar de una decisión libre de elegir abortar por parte de la mujer (víctima de homicidio doloso cuando estaba embarazada cometido por quien fuera su pareja y además padre de la criatura en gestación). Se trata de un supuesto de comportamiento heterolesivo, llevado adelante por el imputado contra la vida de la víctima, quien estaba embarazada, por lo que la muerte de aquella, obviamente no consentida, derivó, en ese contexto, también en la del feto, igualmente y de modo indiscutible, no consentida. Por lo tanto, no puede hablarse de una decisión de “elegir abortar” por parte de la víctima, lo cual permite concluir en que no es correcta la pretensión de aplicar sin más la doctrina de los precedentes aludidos al supuesto de autos. No se encuentra así razón alguna por la cual, parafraseando al Juez Blackmun en su voto en el precedente “Roe vs. Wade”, no tendría justificación biológica y lógica la punibilidad, en forma conjunta con la del homicidio, del aborto causado a la mujer en las circunstancias de autos, conforme lo establece el artículo 85, inciso 1º, del Código Penal (voto del Juez Huarte Petite, al que adhirió el Juez Jantus).

Cita de los fallos “Roe vs. Wade” (410, U.S. 113) y “Planned Parenthood v. Casey”, (505 U.S. 833), de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de América, y de “Artavia Murillo”, Corte Interamericana de Derechos Humanos, resuelto el 28 de noviembre de 2012

 

-La delimitación adecuada de los contornos del bien jurídico que la norma de prohibición del aborto sin consentimiento de la mujer ha procurado proteger, resulta de trascendencia a los fines de proponer una razonable interpretación del art. 85 inc. 1°, CP. El bien jurídico protegido, en general, para el aborto, con o sin consentimiento de la mujer, consiste en la vida del nasciturus, esto es, del feto. Sin embargo, tal interpretación –en cuanto se ciñe sólo a la vida del feto-, resulta estrecha en el caso en que el aborto se hubiese practicado sin consentimiento de la mujer, si se atiende a un método de interpretación evolutivo. Pues también se pretende tutelar (de manera conjunta, toda vez que ambos aspectos son, por su propia naturaleza, inescindibles), la dignidad de la mujer, y en particular, la posibilidad del ejercicio efectivo de su derecho constitucional a conformar una familia (monoparental o no), a través de la maternidad, a la que cabe asignar una trascendente función social. Tal protección se brinda en el marco de su consecuente expectativa normativa (a partir de las prohibiciones contenidas en la ley penal), de que la conformación de tal institución familiar ocurrirá en algún momento futuro, libre de todo comportamiento heterolesivo hacia su vida e integridad física, con el arribo a buen término del embarazo que esté cursando. Concebido así el bien jurídico a proteger, la viabilidad del fruto de la concepción ocurrida en el cuerpo de una mujer (que ocurriría sólo a los tres meses de producida la concepción), no deberá tener incidencia alguna para impedir la subsunción en el tipo penal de aborto sin consentimiento de todo comportamiento heterolesivo que culmine en la interrupción del embarazo, aun cuando se verifique con anterioridad a los tres meses de gestación (voto del juez Huarte Petite, al que adhirió el Juez Jantus).

Cita del fallo “Artavia Murillo”, Corte Interamericana de Derechos Humanos, resuelto el 28 de noviembre de 2012, y de los arts. 4.1 y 17.2 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos; 5, inc. b, de la Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; VII de la Convención Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre; 15.1 y 15.3 del Protocolo de San Salvador, ratificado por ley 24.658; 5, incs. b y c, y 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem do Pará); 3, incs. a, d y e, de la Ley de Protección Integral de las Mujeres, nro. 26.485; y 594 y 599 del Código Civil y Comercial de la Nación.  

 

 -En el caso del aborto cometido sin consentimiento de la mujer, la dignidad de la mujer, y los derechos constitucionales que de tal dignidad se derivan en orden a la  protección de su embarazo en todo momento, en forma paralela con la protección de la vida del nasciturus o feto (que aquella ha decidido incorporar a su cuerpo y a su proyecto vital), se verán lesionados con tal clase de comportamiento, sin que se aprecie motivo alguno para que no se tenga por verificada tal lesión en virtud del grado de desarrollo del fruto de la concepción. Ello es así, además, dada la índole y el alcance que cabe asignar a los derechos constitucionales en juego, que al momento de ser consagrados en textos escritos no efectuaron, adicionalmente, distinción alguna sobre el punto (voto del juez Huarte Petite, al que adhirió el Juez Jantus).

 

-Corresponde rechazar el agravio de la defensa relativo al dolo del imputado en relación al tipo de aborto sin consentimiento de la mujer que se reprocha en la sentencia condenatoria, con sustento en que el imputado desconocía el estado de gravidez de su pareja. Al respecto, el reclamo no logra neutralizar la argumentación del a quo, que con sustento en una adecuada valoración de la prueba incorporada, descartó el argumento de la recurrente, quien no ha explicado cómo debería restarse validez a los testimonios brindados por vecinos y familia de la víctima, en cuanto fueron unívocos al referirse a que el imputado estaba al tanto del embarazo (voto del juez Huarte Petite, al que adhirió el Juez Jantus).

 

-El significado antinormativo del accionar del imputado no debe agotarse, para su correcta subsunción legal, en la comisión del homicidio de la mujer con quien mantuviese una relación de pareja, sino que debe incluir, necesariamente, también la del aborto consecuente, con sustento en las reglas del concurso ideal (art. 54, C.P.), pues sólo adoptando tal subsunción legal se logra atrapar la integridad del contenido de ilicitud del hecho. Se trata de un único comportamiento que realizó dos tipos penales a la vez, los cuales no se excluyen entre sí pues en cada caso son diferentes las normas que se infringen y los bienes jurídicos que se lesionan. En el homicidio de la mujer, se verifica una infracción a la prohibición de matar y se lesiona el bien jurídico “vida” de aquella, respectivamente. En el consecuente aborto sin consentimiento de la mujer, se infringe la prohibición de interferir en el desarrollo del nasciturus o feto, privándolo de su vida que es merecedora de protección penal. Tal prohibición, a su vez, está estrechamente vinculada con la de afectar la dignidad de su madre, en cuanto a su expectativa normativa de un natural y adecuado desarrollo de su maternidad, en los términos ya precisados (voto del Juez Huarte Petite, al que adhirió el Juez Jantus).

 

-Sostener que los supuestos de aborto sin consentimiento de la mujer realizado antes de que el feto hubiese alcanzado los tres meses de desarrollo sería atípico y que, a todo evento, ello implicaría sólo la comisión de lesiones (en caso de que no se hubiese consumado el homicidio), o una mayor magnitud de injusto por el mayor perjuicio causado (con eventual incidencia únicamente en la determinación de la pena), conduce a desconocer la amplia protección de jerarquía constitucional que se otorga a la mujer respecto de conductas heterolesivas de la clase de las aquí tratados con sustento, en definitiva, en el reconocimiento de su dignidad en un momento tan particular de su vida como es el embarazo, y que por lo tanto, incluye a la incolumnidad, en todo el tiempo que lleve su gestación, del feto que aquella ha aceptado, libremente, que se conforme en el interior de su cuerpo. No se advierte razón alguna para que un comportamiento como el aquí analizado debiese estar incluido en alguna de las excepciones a las que alude el artículo 4.1 de la Convención Interamericana respecto a la protección de la vida, en general, a partir del momento de la concepción. Tampoco se advierte, en consecuencia, que hubiese algún motivo para que la dignidad de la mujer y sus derechos a la maternidad, a la conformación de una familia y a la protección de su embarazo, al par que la vida del nasciturus o feto, fruto oportuno de la concepción, no debiesen estar comprendidos en la tutela que el citado artículo les otorga, de modo conjunto. Ello así, en el marco de una interpretación sistemática y evolutiva, con el resto del por demás amplio plexo normativo de carácter constitucional y legal reseñado. Todo ello deriva, inexorablemente, en la aplicación de las reglas del concurso ideal (voto del juez Huarte Petite, al que adhirió el Juez Jantus)

 

-En atención al principio de absorción que rige en nuestro ordenamiento jurídico en materia de concurso ideal (art. 54 CP), y habida cuenta la pena de naturaleza indivisible (reclusión o prisión perpetua) prevista para el caso, en el que se reprocha el delito de homicidio agravado por ser la víctima una persona con la que ha mantenido una relación de pareja en concurso ideal con el de aborto en calidad de autor, el tipo de relación concursal entre ambas figuras no tendrá mayor incidencia en cuanto a la determinación del monto sancionatorio, a menos que estuviese en discusión, por lo que no se presenta la posibilidad de aplicar una pena de reclusión de por vida, más grave por sus consecuencias (en lo atinente a las modalidades de ejecución), que la prisión del mismo tipo (voto del juez Huarte Petite, al que adhirió el Juez Jantus)

 

-Es inatendible el argumento defensista que invoca la presencia de “circunstancias extraordinarias de atenuación” en el hecho reprochado -homicidio agravado por ser la víctima una persona con la que ha mantenido una relación de pareja en concurso ideal con el de aborto en calidad de autor-, en tanto los dichos del imputado no encuentran apoyo en las constancias incorporadas al debate. Así, más allá de señalar las características psicológicas, y su incidencia sobre una eventual menor capacidad de adecuar su comportamiento a la norma, los elementos de juicio reunidos en el caso –en particular, las declaraciones testimoniales-, no son contundentes en orden a acreditar las “circunstancias extraordinarias” alegadas y que ellas hubiesen dado origen a la agresión. Tampoco se acreditó en el debate, la alegada versión sobre los supuestos rumores de infidelidad por parte de la víctima ni que ésta fuera una temática frecuente de conflictos o discusiones en la pareja. En definitiva, la defensa no consigue reconstruir, desde el punto de vista probatorio y con cita en elementos de juicio incorporados al proceso, la versión solitaria del imputado respecto de los sucesos que procuró presentar como “circunstancias extraordinarias de atenuación” (voto del juez Huarte Petite al que adhirieron los jueces Jantus y Magariños)

 

-El art. 80, último párrafo, CP, no pretende beneficiar con una atenuación del marco penal a aquel cuya conducta fuese producto de su inestabilidad emocional, susceptibilidad extrema, irascibilidad o intemperancia, sino que la atenuación sólo deberá aplicarse a aquella persona que incurra en el comportamiento mencionado siempre que mediasen circunstancias del tipo de las aludidas en la ley, con prescindencia o más allá de sus condiciones psicológicas o de personalidad, a las que en modo alguno la disposición legal se refiere. Al introducir tal regla de atenuación, en el particular caso del art. 80, inc. 1°, CP (en los que se encuentran involucrados aspectos muy particulares de la vida de los seres humanos, a menudo atravesados por situaciones fácticas que resulta difícil de comprender sólo a través de su análisis racional), el legislador procuró atender, haciéndose cargo de tales particularidades, sólo a la efectiva materialización de objetivas “circunstancias extraordinarias de atenuación” con incidencia para generar una eventual menor comprensión de la antijuridicidad o ilicitud de su comportamiento por parte del sujeto activo. Pero al así hacerlo, conforme se desprende de la letra de la ley, no tuvo en cuenta los eventuales rasgos de personalidad del imputado (cualquiera que fuesen ellos), sino sólo el carácter inusual, no ordinario ni natural, inusitado o grave (en definitiva “extraordinario”), de las circunstancias en que tuvo lugar la conducta típica, y el efecto que ellas pudieron haber producido en su autor, en el marco de su conducta antijurídica o ilícita posterior (voto del juez Huarte Petite al que adhirieron los jueces Jantus y Magariños)

 

-La invocación de la aplicación de la regla de atenuación respecto de los hechos de violencia que el imputado habría realizado contra su pareja con anterioridad a la comisión del delito de homicidio agravado en los términos del art. 80, inc. 1° CP, con sustento en que aquellos no habían sido judicializados y por ende, no fueron probados a través de una sentencia firme, no puede ser considerada, en tanto más allá de haberse acreditado múltiples y variados episodios que quedaron perfectamente contextualizados, con referencias temporales y espaciales en cuanto a su producción, lo cierto es que si la intención del legislador hubiese sido la de requerir, para la aplicación de la atenuación, una sentencia judicial que hubiese tenido por cierta la comisión de un “delito” de “violencia contra la mujer”, la locución seleccionada para el art. 80 CP se debería haber mantenido en dicha expresión, como se ha plasmado con claridad en otras normas del código de fondo (art. 67, inc. a, CP), o en todo caso, hubiese debido emplear la palabra “hecho” como sinónimo de “delito”. Cabe señalar que no se utiliza en nuestro Código la expresión “actos de…” para aludir a delitos o hechos judicialmente constatados, lo cual resulta demostrativo de que el legislador argentino, al momento de introducir la regla en análisis procuró, de forma consecuente con la ratificación de la Convención de Belem do Pará y la sanción de la ley 26.485, excluir de la atenuación del marco penal allí previsto los supuestos en los que hubiesen mediado alguno de los “actos de violencia” contra la mujer, descriptos en las normas internacionales y legales, con prescindencia de que sobre ellos hubiese recaído una sentencia condenatoria firme (voto del juez Huarte Petite, al que adhirieron los jueces Jantus y Magariños).

Cita de “Cardozo”, registro interno 5272, del Tribunal Oral en lo Criminal n° 1, resuelto el 31 de octubre de 2016

 

-El interesado en la declaración de inconstitucionalidad de una norma no sólo debe demostrar claramente de qué manera ésta contraría la Constitución Nacional, causándole de ese modo un gravamen, sino que además debe probar que ello ocurre en el caso concreto (Fallos: 310:211 y 324:754), y para ello “es menester que precise y acredite fehacientemente en el expediente el perjuicio que le origina la aplicación de la disposición…” (Fallos: 316:687) (voto del juez Huarte Petite)

 

-Es el texto constitucional el que delega al Poder Legislativo la potestad de determinar los intereses que se procurará proteger mediante la coerción de la sanción penal, y en qué medida debe expresarse esa protección a través del establecimiento de los marcos penales respectivos. Es por ello que el juicio de constitucionalidad de las leyes que emiten los tribunales no puede incluir en ningún caso el examen de la conveniencia, oportunidad, mérito, acierto o eficacia del criterio adoptado por el legislador (voto del juez Huarte Petite)

 

-Corresponde rechazar el planteo de inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua impuesta efectuado si la recurrente sólo fundó sus críticas en la eventual desproporcionalidad de la sanción fijada para el caso con la consecuente afectación del principio de culpabilidad y en su alegado carácter de inhumana, cruel o degradante, y además violatoria de los principios constitucionales de acto, autonomía personal, resocialización y legalidad, pero no ha demostrado por qué el legislador no podría limitar a los jueces en la determinación en concreto de la pena, conforme a los arts. 40 y 41 del Código Penal, en los casos en los cuales, por la índole y gravedad de la conducta incriminada –en el caso, homicidio agravado por ser la víctima una persona con quien ha mantenido una relación de pareja en concurso ideal con aborto-, se estableció la máxima penalidad prevista en el ordenamiento jurídico nacional, a través de una sanción que reviste el carácter de indivisible, rígida o absoluta (voto del juez Huarte Petite).

 

-Es inadmisible el agravio dirigido a cuestionar la interpretación efectuada por el a quo del concepto “relación de pareja” contenida en el art. 80, inc. 1°, CP. Al respecto, no parece adecuado equiparar la “relación de pareja”, referida en la agravante del art. 80, inc. 1º, del Código Penal, con las “uniones convivenciales” consagradas en el Código Civil y Comercial de la Nación, en tanto la definición establecida en el derecho privado determina expresamente que uno de los requisitos de esa institución legal lo configura la convivencia entre sus integrantes, pues tal como se encuentra formulado en el artículo 509 CPPN, se requiere, taxativamente una “unión basada en relaciones afectivas de carácter singular, pública, notoria, estable y permanente de dos personas que conviven y comparten un proyecto de vida común, sean del mismo o de diferente sexo”. Por su parte, el Código Penal, al regular la citada agravante, establece específicamente que el mayor disvalor de la conducta de homicidio, cuando recae sobre una persona con la que el autor mantiene o ha mantenido una relación de pareja, no depende de que, entre ellos, medie o haya mediado convivencia. Al respecto, de los antecedentes parlamentarios de la ley 26.791, que regula el citado tipo penal, se observa que la voluntad del legislador, sin margen para la duda, fue la de comprender, en el marco de la calificante, a aquellas parejas entre las que no existiese ni hubiese existido convivencia. En consecuencia, a efectos de interpretar el sentido de la regla penal, no es acertado recurrir a una institución del derecho privado que, entre sus requisitos constitutivos, establece como ineludible a la convivencia (voto de juez Magariños con remisión a “Sanduay”, Reg. 686/2016)

 

-El mandato de taxatividad en la determinación de las conductas prohibidas, como corolario del principio de legalidad, no significa que el tenor literal de la ley, cualquiera sea éste, excluya la labor interpretativa del juzgador; aceptar esa clase de razonamiento importa un retorno a la pretensión de que los jueces solo deben actuar como si fueran “la boca que pronuncia las palabras de la ley”, sin margen para la tarea hermenéutica. Por consiguiente, la pretensión de la defensa de que el principio de legalidad, contenido en el art. 18 CN, impone al legislador acuñar la ley a través de términos que determinen la exclusión de la tarea interpretativa asignada al juzgador, carece de entidad suficiente para sustentar un pronunciamiento de inconstitucionalidad de una regla general (voto del juez Magariños con remisión a “Rejala Rivas”, Reg. 809/2016)

 

-La inescindible  unidad y permanencia en el interior del cuerpo de la mujer, que biológicamente requiere, como condición ineludible de viabilidad, un embrión de aproximadamente nueve semanas de gestación y, por consiguiente, la absoluta carencia de toda posibilidad, científicamente comprobada, de viabilidad extrauterina en ese estadio, determina, tanto desde una perspectiva biológica y médica, como desde la propia lógica jurídica, e inclusive desde una observación apoyada en un puro criterio de sentido común, la insustentabilidad de considerar allí la existencia de “otra persona”, susceptible de ser conceptualmente diferenciada de la propia mujer gestante. En consecuencia, una lesión o daño dirigido hacia un embrión en el período de gestación, aun cuando importe el cese de la viabilidad –exclusivamente posible de sostener, en ese momento, en el interior del útero-, sea que resulte auto o héteroinfligido, sólo se configurará, o poseerá el significado de afectación a una parte del único cuerpo de la única persona existente en esa etapa, esto es, de la mujer (voto del juez Magariños, con remisión a su voto en “C.P.C. s/ violación según párrafo 4to art. 119, inc. b, etc”, CCC 15995/2015/TO1/CNC1, Sala 3, Reg. nro. 726/2019, resuelta el 7 de junio de 2019)

 

-Se advierte la errónea subsunción del hecho reprochado en el art. 85, inciso 1°, CP, pues cabe sostener la no prohibición, bajo alguna de las figuras del delito de aborto contenidas en el Código Penal, de la interrupción de un embarazo de aproximadamente nueve semanas de evolución, en razón de la vigencia del estándar científico no jurídico que determina la ausencia absoluta de posibilidades de viabilidad extrauterina del embrión en ese período, y la consecuente consustancialidad e inescindibilidad que presenta como parte del cuerpo de la mujer gestante, y, a su vez, el hecho de que aquella consecuencia normativa se encuentre determinada tanto por una interpretación intrasistemática de la propia ley penal, como, en especial, de los límites impuestos al legislador, y también a los jueces, por el primer párrafo del artículo 19 de la Constitución Nacional, no supone inconsistencia alguna en relación con otras normas vinculadas a la cuestión y consagradas en el ordenamiento jurídico argentino: esto es, de la propia Constitución Nacional y, además, por otras de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de la Convención sobre los Derechos del Niño, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como también del Código Civil y Comercial. En tanto no se trate de un supuesto caracterizable normativamente como autolesivo, por definición constitucional, irrelevante para el ordenamiento penal positivo vigente en nuestro país, las consecuencias dañosas que esa clase de hechos produzcan en el cuerpo de la mujer gestante podrán resultar subsumibles en alguna de las figuras contenidas en el capítulo II, título I, del Libro Segundo del Código Penal, es decir, en el correspondiente al delito de “lesiones” (sin perjuicio, claro está, de que, según cuál sea la estructura del suceso del cual se trate en cada caso, puedan resultar aplicables otras normas penales). Ahora bien, en la medida en que aquellas lesiones causadas en el cuerpo de la damnificada fueron ejecutadas en dirección a consumar la muerte de la víctima, y en tanto entre el tipo penal de homicidio (artículo 79 CP) y el de lesiones (art. 89 y sig, CP) media una relación concursal de carácter aparente, corresponde, en definitiva, calificar la conducta por la cual fue condenado el acusado como homicidio agravado por haber sido cometido contra una persona con la que mantenía una relación de pareja (art. 80, inc. 1°, CP) (voto del juez Magariños, con remisión a su voto en “C.P.C. s/ violación según párrafo 4to art. 119, inc. b, etc”, CCC 15995/2015/TO1/CNC1, Sala 3, Reg. nro. 726/2019, resuelta el 7 de junio de 2019).

 

-Es inadmisible el agravio dirigido a cuestionar la constitucionalidad de la pena de prisión perpetua, en la medida en que no se explica satisfactoriamente, ni se observa, el agravio actual generado por la decisión recurrida, pues más allá de la referencia a la indeterminación de la fecha de agotamiento de la pena, la parte sólo mencionó que correspondería determinar su vencimiento de acuerdo a una sanción que no supere los veinticinco años, o a afirmar que una pena de carácter perpetuo, resultaría violatoria de principios constitucionales, todas cuestiones que resultan agravios meramente conjeturales. Asimismo, omitió desarrollar adecuadamente las razones por las cuales el criterio interpretativo que con base en esa normativa se propone para resolver el punto –esto es, la “derogación tácita o implícita” de disposiciones legales–, sería aplicable al caso y, por ende, obligaría a resolver el pleito en el sentido en el cual el recurrente pretende (voto del juez Magariños)

Cita de “López”, Reg. 1252/2019

 

“Guzmán, Cristian Matías s/ homicidio agravado”, CNCCC 7357/2016/TO1/CNC1, Sala 3, Reg. 2435/2020, resuelta el 11 de agosto de 2020”.-

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