Nulidad de la declaración indagatoria – Imputado que declaró por exhorto – Validez – Acto en el que se preservó la garantía de defensa en juicio y las formalidades que se requieren en la jurisdicción del juez exhortante y exhortado – Revocación

Nacional \ Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional
Fecha resolución: 24 - Sep - 2020

“(…)  El Ministerio Público Fiscal apeló el auto documentado a fs. 179/180 por el cual se declaró la nulidad de la declaración indagatoria de L. G. Acosta fundamentó los agravios en el memorial incorporado digitalmente al sistema de gestión de expedientes “Lex 100”.

Cabe recordar que el 26 de noviembre de 2018 se dispuso la convocatoria del imputado en los términos del artículo 294 del Código Procesal Penal, cuyo domicilio es en la calle ………, en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos.

Ante la imposibilidad de Acosta de concurrir a la sede judicial por no contar con medios económicos para solventar su traslado a esta ciudad (fs. 44), la jueza ordenó que se le reciba declaración indagatoria mediante exhorto y remitió las actuaciones a la justicia federal con jurisdicción en el domicilio del encausado.

En un primer momento, el exhorto de referencia ingresó al Juzgado Federal N° ….. de Paraná, cuyo juez se declaró incompetente, y luego de que la jueza capitalina reiterara el pedido, esta vez a la justicia penal federal de esa ciudad, éste se remitió al fuero penal ordinario de esa jurisdicción.

Finalmente, el exhorto fue recibido por el Juzgado de Garantías N° …… de Paraná que, conforme al sistema acusatorio implementado en la provincia de Entre Ríos, procedió a dar intervención a la Unidad Fiscal Paraná para que lleve a cabo la declaración del imputado en los términos del artículo 375 del código procesal local (fs. 170/171).

Al respecto, cabe ponderar que es doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que la declaración indagatoria es delegable por el magistrado que la haya ordenado en otro de distinta competencia territorial, siempre y cuando se preserven la garantía de la defensa en juicio y las formalidades requeridas en las jurisdicciones de los jueces exhortante y exhortado (Fallos: 237:388; 241:248; 253:454; 276:254, 298:615 y 308:1679, entre otros).

Ello siempre que, en rigor, se trata de una excepción, pues tanto el llamado como su concreción resultan actos propios del juez de la causa, quien debe evaluar no sólo la razonabilidad de la petición sino su conveniencia a los fines de resguardar el derecho de defensa del justiciable, en este caso, la dificultad de presentarse en la causa, motivo por el cual la magistrada que previno en la causa recurrió al libramiento de un exhorto.

Particularmente cabe recordar que el artículo 7 de la Constitución Nacional establece que “Los actos públicos y procedimientos judiciales de una provincia gozan de entera fe en las demás; y el Congreso puede por leyes generales determinar cuál será la forma probatoria de estos actos y procedimientos, y los efectos legales que producirán” (causas n° 688/12, “Moreno, Alberto”, del 25 de junio de 2012 y nº 1354/12, “Vera, Carlos”, del 26 de septiembre de 2012).

Al respecto se pondera que los artículos 375 y siguientes del Código Procesal Penal de Entre Ríos establecen que el fiscal debe recibir la declaración del imputado bajo las formalidades fijadas en esa normativa, previo proveer a su defensa, que debe estar presente en la audiencia bajo pena de nulidad, para asegurar la efectiva preservación del derecho de defensa en juicio.

Dichas prescripciones han sido observadas pues, tal como mencionó el recurrente, Acosta prestó declaración indagatoria en los términos de la mencionada normativa, con la asistencia y presencia del señor defensor oficial y de un miembro del Ministerio Público Fiscal, previo informársele detalladamente de los hechos imputados, de la prueba en su contra, de su derecho a elegir declarar o abstenerse sin que ello genere alguna presunción en su contra y se recibió su descargo, el que se leyó y rubricaron él y su defensor ratificando así su contenido.

Desde este punto de vista y de su lectura, puede derivarse tanto la posibilidad del imputado de ejercer útilmente su derecho de defensa como la ausencia de vicios que lleven a la nulificación de lo actuado.

En ese sentido, más allá de recordar que la procedencia de una nulidad debe ser examinada con criterio restrictivo (CPPN, art. 2), cabe destacar -además- que las formalidades cumplidas se ajustan, en lo sustancial, a las que exige el Código Procesal Penal de la Nación, y si bien el acto no se desarrolló ante un juez -como lo establecen los arts. 213, inc. “a” y 294-, tampoco puede decirse que su realización ante el agente fiscal resulte completamente extraña al sistema, que la admite cuando se investigan ciertos delitos (cfr. art. 212 bis).

Por ello, si la fulminación de actos del proceso se vincula íntimamente con la idea de defensa (art. 18 de la Constitución Nacional) y sólo se produce una indefensión configurativa de nulidad cuando surge algún vicio, defecto u omisión que haya privado a quien lo invoca del ejercicio de alguna facultad -afectando la garantía en cuestión en los casos como el que aquí se puso a estudio-, donde no media tal detrimento, la neutralización del acto por la vía de la nulidad queda descartada (de esta Sala, causa nº 417/12, “Tallarico, Martín”, del 4 de mayo 2012). (…)”.

Descargar archivo 1 : fallos49498.pdf
  COMENTAR