Suspensión del juicio a prueba. Oposición fiscal. Gravedad del hecho. Intervención de las víctimas

Nacional \ Cámara Nacional de Casación Penal de la Capital Federal
Fecha resolución: 19 - Jun - 2018

“La oposición fiscal a la concesión de la suspensión del juicio a prueba, para aparecer como fundada y razonable, debe considerar, centralmente, aquellos extremos que son los que dan base a la ley de suspensión de juicio a prueba. Por un lado, la relativa levedad o gravedad del hecho imputado y, por otro lado, las circunstancias personales de la persona sometida a proceso (voto del juez Magariños).

Cita de “Ocampo, Jorge Gabriel”, causa nro. 158, Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional nro. 23, resuelta el 22 de agosto de 1995  (voto del juez Magariños)

 

Trasunta una errónea interpretación y aplicación del art. 76 bis, cuarto párrafo, del Código Penal la afirmación por parte de la resolución impugnada de que el dictamen fiscal ha resultado inválido por carencia de fundamentación, puesto que para expresar su oposición, el representante del Ministerio Público Fiscal se refirió a aquellas circunstancias que estaban suficientemente descriptas en el requerimiento de elevación a juicio: la cantidad de hechos imputados, de víctimas perjudicadas por los hechos, la condición de vulnerabilidad y el monto hipotético del perjuicio. Ello, sin perjuicio de señalar que la edad avanzada del imputado por un hecho que reviste tales características no puede ser un motivo válido para sostener que, necesariamente, deba aplicarse el instituto, puesto que lo contrario importaría dar indemnidad a toda persona mayor de setenta años, para cometer delitos y obtener el beneficio, lo que aparece  todas luces como una interpretación absolutamente insustentable (voto del juez Magariños).

 

Cabe considerar fundada la oposición del Ministerio Público Fiscal a la suspensión del juicio a prueba si el requerimiento de elevación a juicio describe suficientemente las circunstancias que otorgan a los hechos imputados un cariz de gravedad suficiente como para sostener la citada oposición a la concesión del beneficio, sin que sea necesario una explicación que vaya más allá, o sea, que el hecho imputado revista circunstancias de suficiente gravedad que se encuentren descriptas en el citado requerimiento. Sólo deberá explicar cuáles son las razones de su oposición sin que baste una mera remisión a lo descripto en el requerimiento, en la hipótesis en la que las circunstancias descriptas en el requerimiento de elevación a juicio no alcancen, por sí solas, a fundar razonablemente que el hecho es de relativa gravedad (voto del juez Magariños).

 

En supuestos en los que la escala penal permite una condena de ejecución condicional, pero también permite la imposición de una pena de efectivo cumplimiento, en caso de que finalmente se alcance una condena, no corresponde derivar de allí que necesariamente el fiscal está impedido de oponerse razonablemente dada la gravedad de las características del hecho. Cuando el fiscal sostiene de modo razonable que las características permitirían solicitar una pena de efectivo cumplimiento y eventualmente imponer una pena de esas características, ésta es la razón que puede sostener en la medida en que el hecho revista tal condición (voto del juez Magariños).  

 

La suspensión de juicio a prueba constituye un modo anormal de terminación del proceso que implica una suerte de composición con las víctimas, por lo tanto, su participación dentro de este proceso es fundamental. En el caso, cabe considerar que se concedió la suspensión de juicio a prueba respecto en un evento de características complejas dado no sólo por la cantidad de afectados sino por haber varios imputados que desempeñaron roles diferentes, según la descripción del hecho efectuada en el requerimiento de elevación a juicio, sin que las víctimas hayan formado parte de esta decisión (voto del juez Jantus).   

 

Está claro que la pena a cumplir impide la probation pero de las penas que pueden ser de cumplimiento en suspenso, la fiscalía puede decidir -porque esto lo ha decidido el legislador- que algunos casos merecen un debate y no terminar con la suspensión de juicio a prueba, por ejemplo, porque no se ha dado la composición, porque exista un interés social que se debata en determinado caso, etc. (voto del juez Jantus).

 

Resulta necesario que se escuche preferentemente y previamente a resolver la suspensión de juicio a prueba, a las víctimas, en todo caso, respecto de ofrecimiento de reparación del daño que se ha efectuado, sin que ello tenga incidencia respecto de la resolución que se adopte (voto del juez Huarte Petite).

 

“Vázquez, Alicia Mabel y otros s/ estafa”, CNCCC 29.208/2012/TO1/CNC1, Sala 3, Reg. nro. 251/2018, resuelta el 13 de marzo de 2018”

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