Prisión perpetua. Agotamiento de la pena. Libertad condicional

Nacional \ Cámara Nacional de Casación Penal de la Capital Federal
Fecha resolución: 13 - Jun - 2018

“Las decisiones administrativas tomadas durante la ejecución de la pena privativa de la libertad, se encuentran sometidas al control del juez de ejecución y al doble conforme a través del recurso previsto en el art. 491 del Código Procesal Penal de la Nación (voto del juez Bruzzone al que adhirieron los jueces Garrigós de Rébori y García).

Cita de “Romero Cacharane”, CSJN, Fallos: 327:388.

 

El art. 16 –que integra el Código Penal desde su sanción sin sufrir modificaciones- dispone dos supuestos distintos en los que va a proceder la extinción de la pena de prisión perpetua. El primero de ellos es de aplicación para las penas temporales, que van a quedar extinguidas a su término, el que se encuentra determinado desde el momento mismo del dictado de la condena. El segundo se refiere a los supuestos de penas de prisión perpetua, que si bien en nuestra legislación tienen una duración indeterminada al momento de dictarse la condena, ella resulta determinable precisamente por la aplicación en conjunto del citado artículo y del art. 13 del Código Penal. Esta clase de penas se van a extinguir transcurridos los cinco años desde el otorgamiento de la libertad condicional (voto del juez Bruzzone al que adhirieron los jueces Garrigós de Rébori y García).                                                                              

 

Por su carácter indeterminado, no puede afirmarse que la prisión perpetua (antes de la modificación operada por la ley 25.892 sobre el art. 13 del Código Penal), tenía de manera necesaria una duración de veinticinco años. De modo que el condenado debía transcurrir cinco años bajo la modalidad de libertad condicional, con prescindencia de en qué momento se otorgara efectivamente la soltura anticipada (voto del juez Bruzzone al que adhirieron los jueces Garrigós de Rébori y García).

 

Corresponde establecer que el plazo de cinco años previsto por el art. 16 del Código Penal, para tener por extinguida la pena de prisión perpetua impuesta a la imputada –siempre y cuando observe las previsiones del art. 13 del Código Penal-, se compute desde la fecha del efectivo otorgamiento de la libertad condicional (voto del juez Bruzzone al que adhirieron los jueces Garrigós de Rébori y García).  

 

En cabeza del juez de ejecución se encuentra el control activo del cumplimiento de las normas constitucionales, los tratados internacionales ratificados por nuestro país y los derechos de los condenados que no hayan sido afectados por la condena (art. 3, ley 24.660). Resulta claro que el principio constitucional de legalidad se encuentra entre los derechos que el juez debe garantizar, y por ende, controlar que el servicio penitenciario lo respete. Con más razón aún, debe prestar especial cuidado de no conculcarlo él mismo (voto del juez Bruzzone al que adhirieron los jueces Garrigós de Rébori y García).

 

Mientras que en las penas de prisión temporales el término de la condena se fija en el cómputo de pena y no se modifica por eventuales reducciones que se concediesen en virtud del art. 140 de la ley 24.660 de los plazos establecidos en el primer párrafo del art. 13 del Código Penal; en el caso de las penas de prisión perpetuas –por definición- no hay término de la condena que pueda ser determinado ex ante, sino que, por el contrario, el legislador ha definido la posibilidad de agotamiento de esas penas por referencia a un plazo de cinco años computado desde la fecha de concesión de la libertad condicional. De modo que, si por imperio del art. 140 de la ley 24.660 ésa ha sido concedida antes de que la condenada hubiese cumplido los 20 años de prisión que según la ley vigente al momento del hecho se requerían para obtener la libertad condicional, es entonces a partir de la fecha de concesión que deberá establecerse el agotamiento de la pena según el art.  16 del Código Penal (voto del juez García)

 

“Roldán, Marta Liliana s/ legajo de ejecución”, CNCCC 532/1999/1/CNC1, Sala 1, Reg. nro. 79/2018, resuelta el 15 de febrero de 2018”

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