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Nueva Ley de Ejecución de la pena privativa de la libertad. Un retroceso en materia de derechos humanos.

Nueva Ley de Ejecución de la pena privativa de la libertad. Un retroceso en materia de Derechos Humanos.-

 

La nueva ley 27375 de ejecución de la pena privativa de la libertad recientemente promulgada el 28 de julio de 2017 contraviene los estándares constitucionales de resocialización y reinserción social de los penados, los cuáles fueron reconocidos tanto por nuestra C.S.J.N., como por la CIDH, y están previstos como finalidad de las penas de prisión en las “Reglas de Mandela”, que constituye la normativa de Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos.  El cumplimiento de la condena no provoca una cuestión penitenciaria, sino que debe haber un control judicial necesario  no sólo para la eficaz defensa social y la seguridad, sino también para la tutela de la dignidad y los derechos del condenado, como así también para la vigilancia de las condiciones de vida en los establecimientos carcelarios, trato de los reclusos, reeducación para la reinserción social, etc.-

En virtud de ello, los diferentes instrumentos internacionales establecen a través de sus normas principios que no pueden ser soslayados al momento de aplicar la nueva Ley de Ejecución Penal.-

La presente propuesta pretende probar que la nueva legislación va en dirección opuesta a nuestra Carta Magna y a los Tratados de Derechos Humanos incorporados al bloque de constitucionalidad a través del art. 75 inc. 22 en la reforma Constitucional del año 1994, y en vez de constituir un avance sobre la legislación vigente, constituye una involución en virtud de ser más rígida que la Ley 24.660.-

 

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