Cárcel y drogas en Ecuador: el castigo de los más débiles.

La República del Ecuador cuenta con 15´737878 habitantes (INEC, 2013). Su población lo ubica en la lista de las naciones más pequeñas de América del Sur. Sin embargo, Ecuador se caracteriza además por los relevantes cambios de su política de drogas. El indulto a las “mulas del narcotráfico”, la nueva Constitución de la República, la no renovación del Puesto de Operaciones de Avanzada de los Estados Unidos en la ciudad de Manta, la creación de umbrales para evitar la criminalización de los consumidores, la regulación de los centros de tratamiento, la adopción de criterios y penas más proporcionales para sancionar el tráfico, la renuncia a las preferencias arancelarias como compensación a la “guerra contra las drogas” (ATPDEA) y la reciente legislación sobre prevención. Todas estas transformaciones se producen precisamente en el gobierno del presidente Rafael Correa, tras veinticuatro años de vigencia de una de las leyes más draconianas de la región: la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Ley 108).
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