doctrina

Decaimiento de los preacuerdos y negociaciones en Colombia

Desde mediados de los años ochenta la mayoría de los países de américa latina emprendieron reformas significativas orientadas a transformar sus sistemas de administración de justicia. Parte importante de estos esfuerzos se ha centrado en la realización de una reforma muy profunda del proceso penal inquisitivo y su reemplazo por un sistema acusatorio oral. (CEJA, Centro de Estudios de Justicia
de las Américas, 2005).

No obstante reconocerse la diversidad de experiencias y resultados en la materia, es posible concluir que, pese a consolidarse el nuevo modelo procesal de reforma, este no está entregando todos los resultados esperados o que eran posibles obtener con este cambio. Así, estudios comparativos acerca de los resultados de la reforma en 11 países de América Latina dan cuenta que en la gran mayoría de estos todavía existen serios problemas para producir los resultados básicos que se intentaban generar con el cambio procesal (CEJA, Centro de Estudios de Justicia
de las Américas, 2005).

Particularmente en Colombia dentro de ese contexto, uno de los mecanismos innovadores que han revolucionado la justicia penal es sin lugar a dudas la figura del preacuerdo, creada como un mecanismo humanizador de la actuación procesal y la pena que pretende la solución de conflictos sociales (artículo 348 C.P.P.), no obstante la forma en que se viene desarrollando el mecanismo procesal presenta falencias y sus resultados no se ajustan a las expectativas con las que fue concebido en el marco de una justicia pronta, cumplida, reparadora y retributiva.

Exige una revisión que conlleve a que el instituto procesal de las negociaciones y preacuerdos logre su finalidad, esto es, resolver un alto porcentaje de los conflictos penales a través de la negociación. Lo anterior demanda un trabajo articulado entre el legislador, el aparato judicial, los sujetos procesales e intervinientes del sistema.

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